Se ha planteado actualmente, a partir de la asunción del nuevo gobierno nacional, una discusión de suma importancia para la educación pública y la política educativa centrada en el concepto de EVALUACIÓN.

Sin la pretensión de transformar esta cuestión en un intercambio de expertos, queremos señalar algunas consideraciones que quizás nos sirvan para enriquecer el debate que se propone y dejar sentada nuestra posición.

Tenemos claro que está en juego una suerte de disputa por el conocimiento, es decir, “lo que deben” o “no deben” aprender los alumnos en las escuelas, cuáles serán los saberes socialmente relevantes o los Núcleos de aprendizajes significativos (NAP) que se deberán enseñar.

Está más que claro que ésta definición no es de carácter técnico sino profúndamente POLÍTICA. Sería un error, o mejor dicho una ingenuidad pensar que la EVALUACIÓN no está intrínsecamente ligada a un modelo educativo y éste a su vez a un proyecto de país.

Por estas razones nos pareció fundamental contextualizar la discusión, para que entendamos que cuando hablamos de EVALUACIÓN estamos poniendo en juego aspectos centrales de la política educativa, que tendrá como resultado qué alumnos formamos y para que proyecto de país.

Frente a aquellas voces que pretenden estigmatizar la posición docente frente al tema EVALUACIÓN decimos que la entendemos como un instrumento central para la producción de información y la toma de decisiones en la búsqueda de mejorar las formas de enseñar y las maneras de aprender.

Por estos fundamentos, para nosotros, la EVALUACIÓN va más allá de tomar un exámen. Es un concepto mucho más amplio que medir o cuantificar lo que los alumnos aprenden o lo que los docentes enseñan solo a través de un instrumento como puede ser una prueba escrita.

Pareciera ser que la idea es buscar responsabilidades en “lo mal que está la educación actualmente” y los magros resultados que aparentemente se han obtenido pese a toda la inversión que se ha hecho en los últimos años.

Nos quedan serias dudas sobre el fin último que se persigue cuando se nos habla de “Cultura de la evaluación”, porque en realidad no se percibe que se esté haciendo lectura crítica de indicadores en la búsqueda de mejorar las formas de enseñar y las condiciones materiales y simbólicas para que nuestros alumnos aprendan mejor.

Todo lo contrario, estamos percibiendo la instalación de una lógica punitiva, basada en premios y castigos, meritocrática, que reduce todo el proceso a “una nota” o calificación, que en la historia de nuestro sistema educativo ha dejado sobradas muestras de su fracaso por la exclusión que ha generado.

¿Se evalúa para señalar culpables por los problemas del sistema?

Estas definiciones nos tienen que llevar a los docentes a un fuerte cuestionamiento, si lo que se pretende es generar autoridad pedagógica sobre la base de la punición.

¿Es ese el lugar en el que queremos situar nuestra propia práctica y resignificarla?

¿No debiéramos alejar la EVALUACIÓN, en su acepción más amplia, del reduccionismo que significa calificar?

Se plantea un desafío central para quienes entendemos que desde la EVALUACIÓN deben generarse las señales para poder intervenir, corregir y mejorar tanto las condiciones en las que enseñamos los docentes como la forma que deben aprender nuestros alumnos.

La propuesta del gobierno está sostenida en la matriz del programa PISA basada en la lógica de pruebas estandarizadas.

¿Qué es PISA? Es un programa internacional para la evaluación de estudiantes y viene de la mano de la OCDE (Organización para la Cooperación y el desarrollo Económico). Dicho programa es responsabilidad de una empresa multinacional llamada PEARSON, la cual vende sus servicios a los Ministerios de Educación de los países que así lo requieran, generando incluso materiales y cursos complementarios, frente a lo cual todo esto termina siendo un negocio millonario de un privado.

Queda en un segundo plano el verdadero sentido de la EVALUACIÓN, que es poder darnos cuenta cuales son las cosas que debemos cambiar, cuales son los saberes que las escuelas deben promover para que tengamos una verdadera educación de calidad.

El dilema que se nos presenta y que queremos dejar claramente planteado para el debate es si no estamos poniendo en juego NUESTRA SOBERANÍA EDUCATIVA detrás de la discusión de como evaluamos.

Por ésta razón, desde SADOP reafirmamos nuestra posición planteando que entendemos la EVALUACIÓN COMO UN PROCESO constitutivo de la propia práctica docente. Hablamos de un fuerte componente de autoevaluación que conlleva la mejora de la propia práctica. Pensamos en un proceso situado y contextualizado que busca integrar lo individual y lo colectivo, lo personal y lo grupal. Se busca amalgamar miradas, experiencias y saberes.

Esta visión prentende superar la mera producción de información diagnóstica o descriptiva de la realidad de la escuela.

El objetivo central es avanzar en la producción de conocimiento que pueda darle sustento al Proyecto institucional. Por eso hablamos de EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PARTICIPATIVA y por eso se plasmó ésta visión en un ACUERDO PARITARIO NACIONAL que sentó las bases de una política de estado en esta materia.

Por todo lo expuesto el SADOP exige la suspensión del programa APRENDER 2016 y le plantea al gobierno la inmediata convocatoria de los trabajadores docentes, para discutir y aportar nuestra mirada a la discusión de la educación en argentina.

EN DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS LABORALES Y POR CONDICIONES DIGNAS DE TRABAJO

La Plata, 17 de octubre de 2016

JUAN CARLOS CUYAS
SECRETARIO GENERAL

HORACIO RODRÍGUEZ         
SEC DE COMUNICACIÓN Y PRENSA                                          

Seccional Pcia. de Bs. As.
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